Se le conoce como Ley de Protección de la seguridad Ciudadana, aunque muchos ya le han puesto el sobrenombre de "ley de la patada en la boca". Una ley que, mientras para el Gobierno supone una orden para evitar altercados en espacios públicos, para los ciudadanos supone una clara merma de sus libertades, entre ellas, la de libre manifestación. Según la ley, que todo apunta a que se aprobará el viernes con el apoyo único del PP, concentrase o reunirse sin permiso ante Las Cortes será una infracción muy grave castigada con una sanción de entre 30.001 euros y 600.000 euros.
Pero esto no es lo único, la nueva normativa conlleva castigos de tipo administrativo para quienes participen en un escrache, quemen contenedores, insulten a un policía o le hagan fotos, hagan tratos con prostitutas en espacios públicos próximos a colegios o colapsen con sus vehículos la vía cuando están ejerciendo su derecho de manifestación, como en caso de taxistas, y otras tantas lindices.
Sin embargo lo que se esconde tras estas líneas de sinsentido, es la intención del Gobierno de atajar, de cortar por lo insano, movimientos como las marchas del 25-S y otras que no fueron castigadas penalmente por los tribunales. Amparandose en la necesidad de un comportamiento cívico en los ciudadanos están quitándole a estos los derechos que los convierten en eso mismo. Pues sí ya ni se pueden manifestar ante el Congreso ¿cómo sabrán los políticos que lo están haciendo mal?
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