Hoy toca hablar de Castor, no de los temblores de tierra que tienen atemorizados a los vecinos de los municipios de la zona de Castellón y Tarragona, sino de una cuestión contractual. Hablamos del contrato blindado firmado por el Gobierno y que nos obligaría a pagar 1.700 millones a Escal UGS, la filial de la constructora ACS -que preside Florentino Pérez- y que explota la planta en la actualidad si finalmente se cierra Castor por el peligro que supone.
El almacenamiento subterráneo de Castor es la única de las tres grandes infraestructuras de este tipo en España, entre las que también figuran las de Yela y Gaviota, que tiene derecho a una compensación en caso de cese por dolo o negligencia de la empresa.
En el artículo 14 del real decreto de Castor se dice que si hay una "caducidad o extinción" de las instalaciones a causa de "dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria", se pagará una compensación correspondiente al "valor residual" de estas instalaciones, "sin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa concesionaria".
Este reconocimiento de un valor residual, que se refiere al valor del activo en el momento en que deja de usarse, difiere de los reales decretos de Yela y Castor, en los que se dice expresamente que, en caso de «dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria», no hay indemnización posible. Precisamente este punto condujo al Gobierno a impugnar su contenido ante el Tribunal Supremo.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, dejó claro la semana pasada que el Ejecutivo ya ha iniciado acciones judiciales para evitar una indemnización millonaria si se concluyera que la empresa incurrió en «dolo o negligencia», al considerar es «abusivo y lesivo» para el interés nacional. En cuanto a las cuantías, el ministro cifró la semana pasada en 1.700 millones la inversión acometida. Ello supone que aunque el coste neto superaría dicha cantidad, el Gobierno tendría que pagar hasta el año 2038 alrededor de 3.700 millones. ¿Cómo te quedas?
Pero más que preguntaros sobre la opinión en este caso, pues parece que va al unísono, una pregunta más subyace: ¿Quién firmó aquello?
Este contrato blindado lleva la firma de Miguel Sebastián, que, por aquel entonces, acababa de ser nombrado ministro de Industria y elevó al Consejo de Ministros presidido por Zapatero el texto que le había dejado ya casi terminado su antecesor, Joan Clos, creyendo que era urgente.
Sebastián declara en el suplemento Mercados de EL MUNDO que la redacción del Decreto permite al Gobierno no tener que pagar nada a la empresa pero la cosa no está del todo clara, veremos como acaba la cosa.
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