Primero fue la Ley de Seguridad ciudadana y ahora Ley de Seguridad Privada, la última ocurrencia de Jorge Fernández, ministro del Interior, para reducir los derechos de los ciudadanos. Esta norma, que será remitida al Senado para continuar su trámite parlamentario, da amparo legal al patrullaje en espacios abiertos como “zonas comerciales peatonales” y, como consecuencia, permite realizar detenciones y registros en la vía pública ante flagrante delito.
Y ¿qué quiere decir todo esto? Pues que si las empresas de una zona comercial de una ciudad solicitan un servicio de seguridad privada, los vigilantes podrían encargarse del control de esas áreas, aunque se añade que “en coordinación, cuando proceda, con las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes”. En resumen, que si un vigilante de seguridad quiere detenernos y registrar nuestras pertenencias pues que tiene permiso para ello aunque no sea policía. El hecho, sorprendente cuanto menos, lo es más si pensamos en su lectura y es un aumento de las competencias de las empresas de seguridad privada. Y así se le acusa al Gobierno desde la oposición, pues siempre se ha dicho que los populares tienen mucha vinculación con las empresas de seguridad privada, un lobby importante en España, que tiene importantes multinacionales en este sector. Así qué hecha la ley, y nunca mejor dicho, hecha la trampa para que las empresas afines salgan beneficiadas y los ciudadanos pierdan cada vez más derecho ¿o tú cómo lo ves?
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