Primero fue la Ley de Seguridad ciudadana y ahora Ley de Seguridad Privada, la última ocurrencia de Jorge Fernández, ministro del Interior, para reducir los derechos de los ciudadanos. Esta norma, que será remitida al Senado para continuar su trámite parlamentario, da amparo legal al patrullaje en espacios abiertos como “zonas comerciales peatonales” y, como consecuencia, permite realizar detenciones y registros en la vía pública ante flagrante delito.
